Aragón recurre al constitucional la nueva ley de contratos
I.-Introducción Por increíble que parezca, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, va a ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. En efecto, el Gobierno de Aragón acordó en el Consejo del pasado día 19 de junio, a propuesta del Consejero de Presidencia, Vicente Guillén, autorizar a sus servicios jurídicos a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la citada Ley que como sabemos entró en vigor hace unos pocos meses. Con anterioridad, concretamente el pasado día 29 de diciembre de 2017, el Gobierno de Aragón ofreció al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales la activación del mecanismo de cooperación para dirimir las diferencias sobre la LCSP tras apreciar motivos de inconstitucionalidad. Tras esta primera toma de contacto, el 30 de enero de este mismo año, la Comisión Bilateral de cooperación acordó iniciar las oportunas negociaciones y para ello se designó un grupo de trabajo que abordase las discrepancias. Finalmente en la última reunión del día 18 de mayo de este órgano se observó claramente que las discrepancias eran de tal naturaleza que hacía imposible el llegar a un acuerdo entre las partes con el fin de evitar lo que a la postre ha resultado imposible de evitar: el recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, el Gobierno de Aragón persiste en su postura de aducir vicios de inconstitucionalidad nada menos que en 101 preceptos de la LCSP (concretamente 92 artículos y 9 disposiciones). La Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno de Aragón [...]
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