Dos noticias
El pasado día 24 de febrero los medios de comunicación se hicieron eco de dos noticias en relación con la contratación pública: Un positiva y otra negativa. La positiva es que “La licitación de obra de Fomento crece en el 2017 por primera vez en tres años”. Y en cuanto a la mala “El Tribunal Supremo frena el concurso de ATLL”.
En este artículo vamos a tratar ambas cuestiones.
I.-La licitación de obra de Fomento crece en el 2017 por primera vez en tres años.
El pasado año 2017 creció la licitación de construcción del Ministerio de Fomento y sus empresas dependientes. Según el departamento que dirige el ministro Iñigo de la Serna las cifras son elocuentes: el importe anual conjunta de la licitación ascendió a 2.523, 5 millones de euros, es decir un 12,8% más que en el año 2016.
Este incremento se ha producido gracias al empuje de los últimos tres meses del año, en los que salieron a concurso obras por valor de 1.378 millones de euros que resulta más del importe de todo el ejercicio. Hay que decir que estos importes están bastante por debajo del que se registraba antes de que azotara la crisis. A este respecto, en el año 2008, es decir el último antes de que se instalara la recesión, la licitación de construcción de Fomento registró un valor total de 15.444 millones de euros.
Se dice desde el Ministerio de Fomento que la evolución de las cifras durante el año 2017 se vio en cierta manera condicionada ante el hecho de que los presupuestos generales del Estado no se aprobaron hasta el mes de mayo y también al ajuste que tuvo que hacerse principalmente en el subsector de las carreteras. Y en lo tocante al ferrocarril, los seis primeros meses del año tuvo que centrarse en el desbloqueo de las obras del AVE que estaban por entonces paradas debido a problemas de índole técnica y con diversos desacuerdos con las empresas constructoras.
De manera directa, el ministerio del ramo logro licitar durante el año 2017 obras de construcción por un valor de 576,2 millones, esto es un 2,7% menos que el año anterior, y que corresponden principalmente a los trabajos desarrollados en las carreteras que llevaron a concentrar 539,6 millones, en definitiva un 30,3% menos que en el año 2016.
Po otra parte, y según los datos facilitados por el ministerio, el ferrocarril, y en concreto la alta velocidad -por medio de ADIF ALTA VELOCIDAD-, reunió el paquete licitador de construcción con mayor valor hasta alcanzar los 963,6 millones de euros, esto es un 285% más.
En cuanto a los proyectos de Puertos del Estado que salieron a licitación sumaron 368,9 millones, lo que significa en cifras absolutas una disminución de un 6,5% con respecto al año 2016.
Por último las licitaciones llevadas a cabo por AENA (los aeropuertos) llegaron a crecer hasta un 6,5 % que en cifras se traduce en 565,9 millones más.
II.-El Tribunal Supremo frena el concurso de ATLL
Vamos a ponerles en antecedentes. En el mes de diciembre de 2012, la Generalitat de Catalunya (Agencia Catalana del Agua) adjudicó en un concurso la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) a una sociedad encabezada por ACCIONA.
Con posterioridad, Aguas de Barcelona (AGBAR), que fue una de las competidoras en el concurso, recurrió aquella adjudicación ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) quién resolvió darle la razón y decretando la exclusión de la oferta del grupo liderado por ACCIONA por no haberse ceñido a las condiciones del pliego, con lo cual la adjudicación correspondería a la segunda clasificada que era AGBAR.
La cuestión de fondo suscitada, y que dio motivo al recurso, fue que el programa de obras asociado a la concesión presentado por el grupo encabezado por Acciona no reunía los requisitos indispensables que se señalaban en el pliego. Una vez el OARCC resuelve el recurso a favor de AGBAR, el grupo de ACCIONA decide recurrir contra el mismo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien tampoco le da la razón porque consideró que en el proceso de adjudicación se había vulnerado los principios de igualdad y de libre concurrencia.
Y, finalmente, ahora ha sido el Tribunal Supremo (Sentencia 269/2018) de 20 de febrero de 2018 quien ha resuelto a favor del TSJC y por tanto considerar a todas luces irregular la adjudicación al grupo liderado por ACCIONA.
A partir de aquí, ¿Qué es lo que puede ocurrir?. Pues lo normal es que ACCIONA y su grupo se consideren enormemente perjudicados con el final del proceso y decida reclamar a la Generalitat de Catalunya los daños y prejuicios por las inversiones realizadas y por la ganancia dejada de percibir (lucro cesante), lo que seguro va a suponer un fuerte desembolso para las arcas públicas catalanas.
En este caso, la mala noticia, será que una vez más al final quienes van a “pagar el pato” van a ser los ciudadanos, en este caso los ciudadanos catalanes y además por una mala gestión de los poderes públicos.
Por eso es importante destacar desde INFOCONCURSO la necesidad de que los licitadores se doten de un buen asesoramiento jurídico para con ello tratar de evitar las circunstancias como estas últimas citadas.