Un centenar de entidades en contra de la futura ley de contratos públicos
En otro artículo hemos explicado muy sucintamente las razones que obligan a un nuevo proyecto de Ley de Contratos Públicos. En efecto, como ya dijimos, hace un tiempo entraron en vigor dos Directivas de la Unión Europea que había que transponer a nuestro ordenamiento jurídico interno.
Pues bien, al proyecto de ley que se encuentra hoy en tramitación en el Parlamento español le han salido no pocos enemigos y críticos.
De momento nos hacemos eco de que un centenar largo de asociaciones empresariales, que representan a un colectivo de más de un millón de empresas, se han adherido a las enmiendas formuladas por las entidades PIMEC (Pequeña y Mediana empresa catalana), PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad) y a la CEAC (Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón).
Este largo colectivo de entidades han enviado, a los partidos políticos y grupos parlamentarios, un conjunto de enmiendas al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público por qué entienden que el texto tal y como está redactado perjudica enormemente el acceso de las Pymes a la contratación pública.
A juicio de ellos el proyecto de ley deja a las Pymes en desventaja frente a otros competidores en contra precisamente de lo que establecen las Directivas que trata de transponer.
Sus enmiendas presentadas al proyecto tratarían de eliminar las “ambigüedades y contradicciones” y mejorar con ello el acceso, del colectivo de las Pymes que representan, a la contratación pública en igualdad de condiciones.
Desde “Infoconcurso” queremos hacernos eco y compartir todas las opiniones que permitan mejorar las condiciones de las empresas en los concursos y licitaciones públicas.
EL COSTE DE LOS PROYECTOS Y LAS OBRAS
A continuación nos vamos a referir a un artículo recientemente publicado en el periódico LA VANGUARDIA de Barcelona (del 29 de marzo 2017, página 2 sección Infraestructuras) y escrito por el presidente de ASINCA (Associació Catalana d´Empreses d´Enginyería i Consultoría Independents de Catalunya), Josep Túnica.
El artículo lleva por título, “¿Cuánto cuestan las obras de las Glòries?” y el autor, con ocasión de la remodelación de dicha plaza, aborda el tema del costo real de las obras y los proyectos públicos.
El presidente de la patronal catalana de ingeniera empieza por indicar que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, después de numerosos estudios y propuestas con un proyecto ejecutivo para el desarrollo de los túneles de la plaza de las Glòries, establece que la licitación o precio de referencia de ejecución de esta obra ascienda a 79,6 millones de euros.
Después de evaluar varias propuestas, adjudica el proyecto por 60 millones de euros. A partir de aquí, el autor se hace varias preguntas, ¿es posible hacer el mismo proyecto por 19,6 millones menos?. Y si la respuesta fuera positiva entonces cabe hacerse esta otra, ¿por qué el precio de referencia es tan distinto?, y ¿Qué tipo de proyecto inicial ha aprobado el Consistorio que llega a evaluar en un exceso de hasta un 24% del coste real de las obras?.
Hoy en día, y en pleno siglo XXI, es posible determinar de modo objetivo el coste de las obras y los proyectos y por ello mismo el autor sostiene que no es de recibo que en España se contraten tales proyectos y obras con diferencias tan grandes entre el valor de la licitación y el de la adjudicación.
A su juicio, en concreto la Directiva europea de contratación de servicios (la 24/2014) señala claramente que la oferta económica más ventajosa no tiene por qué coincidir con la más económica y que lo importante ha de ser el competir en calidad. Y, por ello, fijar como criterio de adjudicación el precio más bajo puede conducir a una merma en la calidad del proyecto pues los proyectos, para llevarlos a cabo de manera eficiente requieren de unos recursos precisos, ni más ni menos.
En concreto el autor quiere poner en valor la necesidad de dotar de los recursos precisos cuando un proyecto se encuentra en la fase de diseño, es decir, cuando se estudia la viabilidad, la rentabilidad y el resultado final de ese proyecto. La conclusión es que “los recursos no invertidos en esta fase implican riesgos que a menudo llevan a malas consecuencias económicas y, lo que es más grave, comprometen el resultado final del proyecto”.
En España se destina por término medio entre un 3% y un 5% del volumen de inversión a los servicios de ingeniería. Mientras que en el resto de Europa oscila entre un 8% y un 10%. Este dato refleja una realidad preocupante, a juicio del autor, pues la Administración lo que hace es asumir unos riesgos que luego, como suele ser habitual en estos casos, traslada a la sociedad entera.