¿La luz al final del túnel?

¿La luz al final del túnel?

¿La luz al final del túnel?

Existen Administraciones públicas que están ofreciendo datos indicativos y alentadores sobre aumento en la cifra de los contratos públicos. Tal es el caso del Ayuntamiento de Logroño que en su última Memoria de Contratación se resalta un aumento en las contrataciones realizadas en el año 2016 con 481 expedientes iniciados -y 446 contratos- frente a los 417 del año anterior (2015). Estos números en cifras se traduce en 19.1 millones de euros (año 2016) frente a los 12, 3 millones de euros correspondientes al año 2015.

Dichos datos fueron ofrecidos al público hace unos días con motivo de la presentación de la Memoria por la Concejala de Transparencia, Hacienda y Administraciones Públicas del municipio logroñés, destacando además que del importe total de la adjudicación de estos contratos un 68% recayó en empresas riojanas (frente a un 56% durante el año 2015).

También señaló que la mayoría de los contratos municipales fueron adjudicados a empresas riojanas en cierta manera para compensar que los grandes contratos -comunicaciones y energía, etc.- suelen adjudicarse a las principales empresas de ámbito nacional.

Otro dato ofrecido por la expresada edil, es que de los 481 expedientes tramitados, 371 correspondieron a contratos menores (aquellos que por su cuantía no precisan de licitación, de acuerdo a la vigente Ley de Contratos), 94 fueron de procedimientos abiertos y 16 mediante procedimiento negociado (con al menos 3 ofertas).

Al mismo tiempo se destacó otro dato importante: las bajas medias presentadas se estimaron en un 27% en los contratos de obras, en un 10% en el caso de los contratos de suministros y finalmente un 7% en los contratos de servicios. Se señala una comparativa de estas bajas medias con respecto a ejercicios anteriores y se observa una evidente disminución, sobre todo en lo que hace referencia a los contratos de servicios. Y paralelamente se ha puesto hincapié en la necesidad de incluir en los pliegos clausulas de carácter social con la finalidad de proteger las condiciones laborales de los trabajadores.

Durante el año 2016, analizado en la Memoria, se ha conseguido una mejora en las propuestas técnicas por la vía de introducir umbrales mínimos en los contratos de suerte que aquellas ofertas que no alcanzasen la mitad de la puntuación en la parte técnica, fueran excluidas de la licitación.

Otro elemento positivo que se resalta es el importante descenso en la conflictividad de los contratos celebrados el curso anterior, con solo 7 recursos interpuestos por empresas que participaron en los concursos municipales (porcentaje del 8,8% en los contratos mayores adjudicados y de un 1,5% en los contratos menores).

La concejala ha señalado que el objetivo del Consistorio es el implantar el concepto un tanto difuso de Responsabilidad Social Municipal en materia de contratación algo que al parecer ya se está aplicando en el apartado de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Como objetivos a llevar a cabo durante el presente año 2017, la edil ha informado que se va a crear una Unidad de Control y Supervisión cuyas funciones a desempeñar serán las siguientes:

1º.-Colaborar con el responsable del contrato en la fase de diseño de la obra, suministro o prestación, velando por la inclusión de cláusulas sociales, ambientales o de innovación.

2º.-Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de carácter social y medioambiental, como la contratación de mujeres en sectores en los que está infra-representada, colectivos vulnerables, estabilidad en el empleo, salario, cotizaciones, atención en la gestión de los residuos, etc.

Y, para finalizar, también se señala la idea de reforzar las medidas de transparencia a través de publicar las licitaciones en la web del Ayuntamiento de los contratos menores, concretamente en el apartado del Perfil del contratante.

Junto a la citada medida se contempla aprobar una nueva Carta de Compromisos que recogerá los preceptos de la Directiva europea 2014/24/UE en materia de contratación pública una vez se aprueba por fin la nueva Ley de Contratos que dé cumplimento a la trasposición de aquella.

En definitiva todas estas y otras medidas, previstas para el presente año en curso, están encaminadas a impulsar la participación efectiva y real de las PYMES -principalmente locales- en la licitación de los contratos públicos.

Esperemos que, con los datos tan optimistas ofrecidos en la Memoria y las previsiones señaladas por la Concejala, no sean un puro espejismo y permitan en definitiva que muchas empresas -algunas con verdaderas dificultades económicas- vean definitivamente “la luz al final del túnel”.

Y que todo ello se generalice y extienda a lo largo de nuestra amplia geografía nacional.