¿Que ocurre si hay una subida de precios durante la ejecución de un contrato público?

¿Que ocurre si hay una subida de precios durante la ejecución de un contrato público?

I.-Introducción La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) mantiene el criterio de proteger, por encima de todo, el objetivo de la estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el “principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios (...)”. Supone lo anterior que, en un principio, la ley contractual ofrece pocas oportunidades para poder paliar la actual crisis desatada con el incremento de las materias primas como consecuencia en parte del COVID-19 y del reciente incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La certeza en el precio resulta ser un requisito fundamental en los contratos administrativos debido a las limitaciones presupuestarias que siempre acompañan a toda actividad de las Administraciones Públicas. Esta cuestión, se insiste no del todo resuelta por la normativa, la tenemos que poner en relación con diversas instituciones de naturaleza jurídico-contractual con los que se podría llegar paliar el problema dependiendo de varas cuestiones (la problemática concreta, los tipos contractuales, etc.) como: la fuerza mayor, la revisión de precios, el riesgo y ventura del contratista, el riesgo imprevisible, el equilibrio económico del contrato, el denominado “factum principis” y, finalmente, la posibilidad de modificar el contrato según la LCSP. Vamos a abordar cada una de tales figuras jurídicas, en el bien entendido de que la cuestión que hoy nos ocupa, por el momento, no tiene una respuesta pacífica. II.-La fuerza mayor en la contratación [...]