¿Un nuevo órgano regulador en la contratación pública?
En la actualidad, las funciones de los órganos consultivos de contratación se encuentran regulados en los artículos 324 y 325 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en los correspondientes reglamentos de desarrollo.
El primero de los citados artículos hace referencia a la “Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado”. Por una parte, se trata del órgano consultivo específico de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos, Agencias y demás entidades públicas estatales, en materia de contratación administrativa. Su adscripción está en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Además de su función estrictamente consultiva, puede promover la adopción de las normas o medidas de carácter general que considere apropiadas para mejorar el sistema contractual en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos.
Y también podrá exponer directamente a los órganos de contratación o formular con carácter general recomendaciones sobre la materia contractual, que considere pertinentes, en interés de la Administración.
En el segundo de los artículos mencionados se regula la posibilidad de crear esos mismos órganos consultivos de contratación en las distintas Comunidades Autónomas.
Como hemos informado reiteradamente en este blog, se encuentra pendiente de aprobación la reforma de la citada Ley de Contratos del Sector Público y en las negociaciones se está estudiando la posible incorporación al texto de un nuevo órgano regulador de contratación pública cuyas funciones sean el fiscalizar y vigilar de cerca que se cumple la ley y se evita la corrupción en el ámbito que nos ocupa.
En este sentido determinados grupos parlamentarios –Ciudadanos y el PP- consideran que los órganos consultivos, a que antes hicimos referencia, no son los más apropiados para realizar tales tareas. La figura de ese nuevo órgano vendría a cumplir con los deseos expresados por la Unión Europea en que se ponga coto a los desmanes, y casos de corrupción, acontecidos por desgracia en nuestro país.
Una de las propuestas barajadas sería crear una sala de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuya función sería dedicarse a la vigilancia y control de la contratación dentro de los principios de regulación e independencia y cuyos miembros serían en su caso nombrados directamente a través del Parlamento.
Otra propuesta, esta vez solo formulada por el grupo parlamentario Ciudadanos, es estudiar que el nuevo órgano regulador se ocupe de la llamada Oficina Nacional de Evaluación que fue creada el año pasado y cuya función es la de vigilar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos de suerte que el nuevo órgano regulador pudiese al mismo tiempo evaluar la llamada rentabilidad económica y socio económica de todo proyecto de contrato público (se está pensando en los grandes proyectos, por ejemplo, de obra).
En definitiva, se trataría de aprovechar la reforma pendiente de la legislación contractual para hacer frente de manera decidida contra las prácticas de corrupción que se han desarrollado en los últimos años en nuestro país. Por desgracia, la contratación administrativa ha sido el lugar utilizado por algunos para apropiarse de los recursos públicos sin ningún tipo de escrúpulos.
Conviene no bajar la guardia sobre esta cuestión y la Unión Europea ha dado el oportuno aviso de que los mecanismos de transparencia no están funcionando en nuestro país con la debida eficacia.
Esperemos que nuestros legisladores se impliquen a fondo en la tarea de cumplir con tal cometido. Saludamos todas las medidas encaminadas a mejorar la eficacia y eficiencia en el sector de la contratación pública, tan necesitado de que se cumplan ambos principios constitucionales.
Tan pronto como se produzcan novedades a este respecto ofreceremos, a través de este blog, cumplida información a nuestros clientes y lectores.